Las pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los principales motores de la economía, el empleo y la cohesión territorial, pero necesita un marco de actuación que tenga en cuenta sus particularidades. Así lo defendió ayer en Miranda de Ebro la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, durante su participación en el Encuentro Empresarial organizado por FAE Miranda y Fundación Caja de Burgos en la Casa de las Cadenas.
Bajo el título ‘La pyme, motor de crecimiento, innovación y cohesión territorial’, la responsable de la patronal nacional trasladó un mensaje de preocupación por las dificultades que afrontan especialmente las empresas de menor dimensión. De Miguel puso el foco en unas políticas públicas que, a su juicio, no están suficientemente adaptadas a la realidad de las pymes y que, en ocasiones, añaden cargas administrativas y económicas difíciles de asumir para negocios con plantillas muy reducidas.
La presidenta de CEPYME apuntó directamente a la burocracia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo empresarial. Según explicó, las pequeñas compañías llegan a dedicar un 20% de su tiempo a cumplimentar trámites y documentación, una tarea especialmente gravosa para negocios de uno o dos trabajadores que carecen de departamentos jurídicos o administrativos especializados.
La situación de Miranda también estuvo presente en su intervención. De Miguel advirtió de que la ciudad ha perdido alrededor de un centenar de empresas en los dos últimos años, aunque matizó que esta evolución no es exclusiva del municipio, sino que responde a una tendencia que se está produciendo en otros territorios del país.
Otro de los asuntos abordados fue el incremento de los costes laborales y el impacto de las decisiones normativas sobre las empresas. En relación con el salario mínimo interprofesional, la presidenta de CEPYME defendió que el coste efectivo para el empleador va más allá de la cantidad que recibe el trabajador, debido a las cotizaciones y otras obligaciones asociadas a la contratación. También cuestionó la presión fiscal que soportan las empresas y reclamó que las decisiones sobre salarios tengan en cuenta la capacidad de las compañías para mantener el empleo y su actividad.
De Miguel, no obstante, reivindicó el valor de las personas dentro de las organizaciones y subrayó que contar con trabajadores comprometidos y satisfechos, capaces de permanecer durante años en sus puestos, es uno de los activos más importantes de cualquier empresa.