Las organizaciones empresariales SEA Empresas Alavesas, CEOE Aragón, FADE Asturias, FAE, CEOE-CEPYME Cantabria, FOES Soria, CEN Navarra y FER La Rioja, integradas en CEOE y CEPYME representantes de miles de empresas y autónomos de sus respectivos territorios, han suscrito una Declaración Empresarial por la Competitividad en la que hacen un llamamiento conjunto a las administraciones públicas para situar a la empresa, el empleo y la competitividad en el centro de la agenda política y económica.
Las entidades firmantes destacan el papel esencial de la empresa y del empresario como pilares fundamentales para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la generación de empleo, defendiendo la libertad de actividad económica y la unidad de mercado como elementos imprescindibles para garantizar el progreso de sus comunidades.
En la declaración, las organizaciones empresariales subrayan la necesidad de impulsar entornos favorables que permitan a las empresas crecer, invertir y competir en mejores condiciones, al tiempo que reafirman su compromiso con el Diálogo Social como herramienta clave para construir consensos y diseñar
estrategias de futuro con la participación efectiva del tejido empresarial y de los autónomos.
Asimismo, las organizaciones defienden la colaboración público-privada como vía imprescindible para desarrollar infraestructuras, innovación y servicios de manera más eficiente, combinando la capacidad estratégica de las administraciones con el conocimiento técnico, la agilidad y la cercanía al mercado que aportan las empresas.
Entre las principales reivindicaciones del documento, las entidades empresariales reclaman la puesta en marcha urgente de planes de simplificación administrativa y reducción de burocracia, al considerar que la excesiva carga regulatoria se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión, el crecimiento empresarial y la competitividad.
La declaración también pone el foco en dos de las grandes preocupaciones actuales del tejido productivo: el incremento del absentismo laboral y la creciente dificultad para encontrar trabajadores, tanto especializados como para tareas generales. Las organizaciones advierten de que esta situación ya está comprometiendo la viabilidad de numerosos proyectos empresariales y reclaman revisar las políticas de empleo, adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y agilizar los procedimientos de extranjería y gestión administrativa vinculados a la incorporación de trabajadores.
En el ámbito económico y fiscal, las organizaciones firmantes defienden la necesidad de alinear la presión fiscal y los costes laborales con la media de los países europeos del entorno, así como reducir el gasto público superfluo para liberar recursos que favorezcan la inversión, la actividad económica y el empleo.
El documento también reivindica el impulso de infraestructuras de comunicación que mejoren la conectividad interna y externa de los territorios y refuercen su competitividad, además de reclamar un marco regulatorio estable y predecible que garantice la seguridad jurídica y evite la hiperregulación que frena la actividad empresarial.
Otro de los puntos destacados de la declaración es la demanda de una red eléctrica con suficiente capacidad, potencia y estabilidad, y con precios razonables, para asegurar el suministro energético necesario para la actividad empresarial y facilitar nuevas inversiones.
Finalmente, las organizaciones empresariales ponen a disposición de empresas y autónomos la fortaleza de su red interterritorial de colaboración, ofreciendo apoyo mutuo a aquellas compañías que desarrollen actividad en diferentes provincias y comunidades.
Con esta iniciativa conjunta, las organizaciones firmantes reiteran su voluntad de colaborar activamente en la construcción de territorios más competitivos, dinámicos y capaces de generar oportunidades económicas y empleo de calidad.
