Tanto la patronal como los sindicatos alertan del colapso que están sufriendo los juzgados de lo Social, que están fijando los señalamientos a partir de septiembre de 2026 y, en algunos casos, incluso en 2027
Las Confederación de Asociaciones Empresriales de Burgos (FAE), junto a las centrales sindicales provinciales de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han trasladado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su preocupación por el deterioro que atraviesan los Juzgados de lo Social en Burgos. Lo han hecho mediante una carta remitida el pasado martes, en la que denuncian retrasos tanto en la celebración de juicios como en la emisión de sentencias.
Según exponen, hasta el pasado mes de junio Burgos contaba con tres juzgados de lo Social y un cuarto órgano de refuerzo que permitía aliviar la carga de trabajo. La no prórroga de este juzgado adicional por parte del Ministerio ha provocado —según explican— un colapso inmediato: todos los señalamientos previstos en el juzgado suprimido han quedado suspendidos y se han incorporado al calendario de los juzgados ordinarios, ya saturados.
Como consecuencia, los procedimientos están siendo fijados a partir de septiembre de 2026 y, en algunos casos, incluso ya en 2027, lo que implica demoras superiores al año tanto en juicios como en resoluciones. Las organizaciones recuerdan que estos plazos afectan igualmente a procedimientos que deberían ser preferentes, como sanciones o despidos.
La tutela judicial efectiva “no se está cumpliendo”, alertan FAE, CCOO y UGT, que aseguran recibir un creciente malestar por parte de trabajadores, empresas y los propios equipos jurídicos que atienden estas reclamaciones.
